Pérdidas y daños representa un elemento central en las negociaciones climáticas internacionales y se refiere a las consecuencias negativas del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante acciones de mitigación ni resolverse por completo con medidas de adaptación. Incluye tanto perjuicios económicos, como daños en infraestructuras, disminución de la producción agrícola o costos de recuperación, y también pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de poblaciones, la extinción de prácticas culturales, la reducción de la biodiversidad y la vulneración de derechos territoriales.
De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación
- Mitigación: acciones orientadas a disminuir la liberación de gases de efecto invernadero y contener el aumento de la temperatura global.
- Adaptación: iniciativas destinadas a minimizar la exposición al riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta frente a efectos previstos, como la construcción de diques, el desarrollo de cultivos más resistentes y la implementación de sistemas de alerta temprana.
- Pérdidas y daños: consecuencias residuales que persisten a pesar de los esfuerzos de mitigación y adaptación, así como afectaciones súbitas o irreversibles que no pueden compensarse por completo.
Clases de daños y pérdidas
- Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de arrasar la infraestructura en cuestión de horas.
- Procesos lentos: aumento del nivel del mar, desgaste de las zonas costeras, salinización, sequías prolongadas y una paulatina merma de la productividad agrícola.
- Pérdidas económicas: gastos directos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
- Pérdidas no económicas: desplazamientos obligados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y afectaciones sociales profundas.
Circunstancias y datos que ponen de manifiesto la problemática
- Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en agricultura y vivienda; las estimaciones internacionales señalaron que millones quedaron desplazados y hubo miles de millones de dólares en daños.
- Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi provocó muertes masivas, destrucción de infraestructura y pérdidas económicas que se estimaron en miles de millones de dólares, además de un impacto humanitario prolongado.
- Huracán María en Puerto Rico (2017): colapso de servicios esenciales y daños valorados en decenas de miles de millones de dólares según distintas estimaciones; evidenció cómo impactos extremos generan crisis sanitarias y migraciones internas.
- Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (por ejemplo, comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y pérdida de territorio, obligando a planificar reubicaciones transnacionales o nacionales.
- Sequías y agricultura: en regiones del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías recurrentes y plagas vinculadas al clima reducen ingresos agrícolas, incrementan inseguridad alimentaria y empujan migraciones.
Marco internacional y política
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el tema de las pérdidas y los daños ha figurado durante años en las negociaciones; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el propósito de coordinar análisis y brindar apoyo técnico.
- Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron establecer un fondo destinado a abordar pérdidas y daños, centrado principalmente en apoyar a las naciones en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. Para ponerlo en marcha es necesario definir su modelo de gobernanza, las fuentes de financiamiento y los criterios de acceso.
- Tensión política: continúa el desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si este respaldo debe entenderse como reparación, compensación o un gesto de solidaridad; algunos temen incurrir en responsabilidades legales mientras otros exigen justicia climática.
Medición, atribución y valoración
- Ciencia de atribución: permite determinar hasta qué punto el cambio climático generado por actividades humanas incidió en la recurrencia o intensidad de un evento extremo, ofreciendo sustento para decisiones de financiamiento aun cuando no siempre aporta conclusiones firmes en cada caso.
- Valoración económica: cuantificar daños directos suele ser relativamente directo (infraestructura, producción), aunque calcular pérdidas no económicas —identidad, expresiones culturales o biodiversidad— presenta mayores complejidades y con frecuencia resulta insuficiente al convertirlas en montos monetarios.
- Brechas de datos: los países con menor capacidad estadística afrontan barreras para medir impactos y justificar solicitudes de apoyo, lo que incrementa las desigualdades en el acceso a recursos.
Mecanismos de reacción y financiación
- Prevención y reducción del riesgo: fomento de infraestructura más resiliente, planificación territorial adecuada y restauración de ecosistemas clave.
- Mecanismos de seguro: coberturas nacionales y fondos regionales frente a desastres (por ejemplo, instrumentos activos en el Caribe y el Pacífico) que permiten liberar recursos con rapidez tras eventos extremos.
- Financiamiento internacional: contribuciones no reembolsables, préstamos en condiciones ventajosas, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en foros globales.
- Medidas innovadoras: opciones como impuestos al carbono, tarifas para el transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada propuesta genera debates sobre equidad y eficacia.
Retos operativos y dilemas éticos
- Equidad: aunque muchos países han contribuido mínimamente al calentamiento, suelen padecer sus impactos más severos; por ello existe una clara base ética para promover transferencias financieras del Norte global al Sur global.
- Responsabilidad vs. solidaridad: la solicitud de compensar daños acumulados históricamente choca con la resistencia de algunos Estados a aceptar compromisos jurídicos y financieros.
- Implementación operativa: se debe definir con precisión quién podrá acceder al fondo, cómo se fijarán las prioridades, de qué forma se garantizará la transparencia y de qué manera asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a las comunidades afectadas.
- Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como la desaparición de territorios insulares o la pérdida de identidad cultural, no pueden remediarse solo con recursos económicos; requieren soluciones políticas más amplias, entre ellas la migración planificada y la protección de derechos.
Recomendaciones y sugerencias óptimas
- Combinar enfoques: integrar prevención, preparación, seguros y financiamiento de largo alcance a fin de cubrir pérdidas económicas y respaldar inversiones orientadas a fortalecer la resiliencia.
- Empoderar comunidades: involucrar a pueblos indígenas y a comunidades locales en el diseño y la implementación de acciones que garanticen pertinencia cultural y resultados eficaces.
- Transparencia y gobernanza: crear mecanismos nítidos de supervisión y rendición de cuentas que permitan monitorear el destino de los recursos.
- Soluciones regionales: impulsar la cooperación en fondos y adquisiciones de cobertura a escala regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.
Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.
