El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Pagos indebidos superiores a 600.000 euros
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
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Las adjudicaciones bajo sospecha corresponden a contratos multimillonarios de obra pública —infraestructura ferroviaria, carreteras, sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en territorios bajo control político del PSOE. Según el análisis de la UCO, los pliegos técnicos de estos concursos fueron diseñados con características que encajaban casi exclusivamente con la oferta de Acciona, eliminando toda competencia efectiva.
El documento describe de qué manera los acuerdos se elaboraban para asegurar la adjudicación a la compañía, a cambio de pagos previamente acordados. Era, según los funcionarios, una “organización totalmente estructurada” en la que las autoridades políticas participaban directamente para beneficiar a ciertas compañías a cambio de ventajas económicas.
La función de Santos Cerdán
Un elemento destacado del reporte es la identificación de Santos Cerdán como pieza fundamental en la distribución y manejo de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del mecanismo de pagos, sino que también desempeñaba un rol directivo en su organización. Las charlas capturadas muestran cómo los montos eran separados, discutidos y repartidos según el contrato otorgado.
Esta función de supervisión establece a Cerdán como el enlace clave entre la autoridad institucional del PSOE y las compañías favorecidas por el esquema.
Reacciones y silencio institucional
Ante la solidez del informe, Acciona ha comunicado la puesta en marcha de una revisión interna, desmarcando a su equipo directivo actual de los sucesos examinados. No obstante, el perjuicio para su reputación ya ha ocurrido. La implicación de un antiguo directivo de la compañía en los documentos examinados por la UCO ha avivado nuevamente la discusión sobre la relación entre las grandes empresas y la esfera política.
Por su parte, el Gobierno guarda silencio. La cúpula del PSOE evita pronunciarse sobre un caso que ya ha provocado la dimisión de altos cargos y que amenaza con erosionar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El documento de la UCO revela lo que antes eran solo indicios aislados: una destacada empresa constructora del país habría estado involucrada en un esquema de corrupción para obtener contratos públicos, organizado desde el núcleo del partido que lidera España. Si los hechos son validados legalmente, sería uno de los escándalos de corrupción más serios de los últimos tiempos, tanto por el impacto económico como por el alto nivel de los participantes implicados.
Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.
